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La cuestión de la tala clandestina y el embarque de madera por parte de empresas forestales que operan en la parte continental ha sido mediatizado en varias ocasiones y se ha convertido en una preocupación dentro del Gobierno. Para ello se está tomando acciones como la imposición de multas para reducir esa práctica.
Esta vez el gobierno de Malabo, ha decidido multar a cada empresa por una cantidad aproximada de entre 12.803.850 hasta 926.788.174 XAF, a un total de 7 empresas incurridas en esta vez, por impago de cuotas a las arcas del estado, las cuales se pagan en concepto de las disposiciones legales registradas en de la Ley nº1/1997, de fecha 18 de febrero, sobre el Uso y Manejo de los Bosques en Guinea Ecuatorial.
El gobierno ha concedido un plazo máximo de 6 meses a las empresas sancionadas para que procedan a rembolsar el importe de dichas multas a la cuenta del Tesoro Público.
Según el convenio firmado con el ministerio encargado de bosques, se estima que importe total de las multas asciende a 2.000 millones de Francos XAF .
Las empresas multadas son: Y.J. Timber, multado por un total de 926.788.174 XAF, la firma COMALI, bajo multa de 342.572.993 XAF, la firma SOFMAL, con 239.249.736 XAF de multa, el RMT le corresponde unos 231.111.733 XAF, la empresa SIFIJO ha llevado una penalización de 137.500.000 XAF, la empresa forestal SOEGE con unos 18.293.069 XAF, y por último la corporativa NNAM WAKE OSU, la cual le corresponde una penalización de 12.803.850 XAF.
Las empresas ha firmado un acuerdo de compromiso de pago de sus penalizaciones según lo señalado, en presencia de Silvestre Abaga, actual Viceministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, en el puerto Bata. El documento firmado refleja que las firmas forestales implicadas, están obligadas a abonar sus correspondientes sanciones en las Arcas del Estado antes de finalizar el año 2021.
Ante la incertidumbre de las empresas de poder abonar esas cantidades de dinero en este periodo de tiempo, los representantes de las empresas han presentado a las autoridades del gobierno la posibilidad de aumentar el tiempo marcado para abonar las sanciones.
